Lo que comenzó como una investigación centrada en el uso de maquinaria municipal para fines particulares -causa por la que el alcalde de La Calera será formalizado próximamente- parece ser solo la «punta del iceberg» de una trama mucho más profunda. Nuevos informes de la Contraloría General de la República (CGR), a los que tuvo acceso este medio, revelan un desfalco potencial que supera los 170 millones de pesos en proyectos de infraestructura y servicios. Estos documentos, que ya están en poder de la Fiscalía, sugieren que la figura de fraude al fisco podría ampliarse hacia un patrón de irregularidades administrativas y financieras, donde el factor común es el pago de millonarias sumas por trabajos cuya ejecución real no ha podido ser comprobada por el organismo fiscalizador.
De acuerdo con el Informe Final N° 193-2025, relativo a la ejecución de diversos proyectos comunales, se detectaron tres focos críticos de presunto perjuicio fiscal:
-Movimiento de tierras: Se objetaron $60.100.000 pagados por faenas que no cuentan con una acreditación clara de haber sido efectivamente realizadas.
-Módulos tipo container: El municipio desembolsó $26.000.000 por oficinas tipo container que carecen de especificaciones técnicas y de un control efectivo de recepción.
-Bacheos irregulares: Se detectaron pagos por $30.557.713 en reparaciones de calles que se realizaron sin la emisión de una orden de compra previa ni el respaldo documental completo que exige la ley de compras públicas.
A esto se suma el Informe Final N° 397-2024, centrado en el proyecto de mejoramiento de agua potable (SSR Pachacama), donde la Contraloría constató que se pagaron $57.837.998 por partidas que simplemente no fueron ejecutadas. En terreno, los fiscalizadores solo encontraron acopio de materiales, pese a que los dineros ya habían sido transferidos a las empresas responsables. Con la formalización del alcalde en el horizonte cercano, estos nuevos antecedentes técnicos -validados por el ente rector de la legalidad de los actos públicos- podrían forzar al Ministerio Público a reformular los cargos o abrir piezas investigativas separadas. Lo que es seguro es que el debate ya no solo gira en torno a una retroexcavadora en un terreno privado, sino a la administración de más de $170 millones de todos los Caleranos que hoy permanecen bajo una nebulosa administrativa
