Hay escándalos que golpean por su novedad y otros por la crudeza de lo que revelan sobre el funcionamiento interno del poder. La indagatoria que encabeza la Fiscalía Regional de Valparaíso sobre la senadora Camila Flores (RN), por un presunto fraude al fisco de carácter reiterado, pertenece a esta segunda categoría: la del feudalismo parlamentario. Lo que la Unidad Anticorrupción y el OS9 de Carabineros buscan esclarecer no es una zona gris administrativa, sino la existencia de un mecanismo de extracción sistemática de fondos diseñado para operar desde la jerarquía misma del cargo. Bajo diligencias reservadas y respetando el principio de inocencia, la tesis fiscal habilita un análisis político de fondo. De confirmarse la denominada “cuota Flores” —un retorno sistemático en efectivo de los sueldos de asesores pagados con asignaciones parlamentarias— estaríamos ante una distorsión terminal: el despacho parlamentario transformado en estructura de recaudación privada, financiada con el dinero de todos los chilenos. El costo humano merece atención particular. Si para trabajar en el Congreso se debe tributar al legislador, se rompe el contrato ético fundamental con el Estado. El asesor deja de ser valorado por su capacidad técnica o su aporte al debate legislativo para ser medido por su disposición a participar de un sistema de retornos en la penumbra. Es la meritocracia reemplazada por servidumbre; el sueldo público, tratado como botín redistribuible a voluntad del superior de turno.
anatomía de un sistema bajo sospecha
