La salvación de la institucionalidad deportiva
Fuente: The Clinic
La denuncia presentada por el Ministerio del Deporte ante el Ministerio Público por
irregularidades en la liquidación de la Corporación Santiago 2023 marca un punto de
inflexión en la fiscalización del deporte chileno. Es la primera acción contundente del
nuevo ministro, Francisco Riveros, tras reemplazar a Natalia Ducó, y abre una etapa donde
la transparencia deja de ser voluntaria y pasa a ser obligatoria.
Este movimiento institucional ocurre en paralelo a otro hecho igualmente grave revelado
por The Clinic: la justicia dio cinco días a Harold MayneNicholls para pagar millonarias
deudas laborales de la Corporación Santiago 2023, luego de múltiples demandas ganadas
por extrabajadores que acreditaron relaciones laborales encubiertas.
Ambos casos, juntos, revelan un problema mayor: la institucionalidad deportiva chilena
está siendo puesta a prueba.
Las deudas laborales: un síntoma de un cierre desordenado
Según la información publicada por The Clinic, los tribunales han ordenado pagos
inmediatos por montos superiores a los $54 millones y $14 millones en casos individuales,
y las demandas acumuladas podrían superar los $2.300 millones.
Los fallos describen:
contratos de “asesoría” que ocultaban jornadas completas,
funciones que excedían lo pactado,
cotizaciones impagas,
y una Corporación que incluso dejó de comparecer a audiencias judiciales.
La justicia ha sido clara: existió relación laboral, y la Corporación debe pagar.
Este escenario no solo tensiona a Harold MayneNicholls, sino que también refuerza la
decisión del Ministerio del Deporte de llevar los antecedentes a la Fiscalía.
La denuncia del Ministerio del Deporte: un golpe institucional necesario
El Ministerio detectó irregularidades en la liquidación de Santiago 2023 y decidió
denunciar ante el Ministerio Público. No se acusa culpables, pero sí se establece que hay
hechos que requieren investigación penal.
La señal es evidente: la fiscalización será parte permanente del sistema deportivo
chileno.
La salida de Ducó y la llegada de Riveros no fue solo un cambio de nombre. Fue un cambio
de estándar.
Un precedente para todo el sistema deportivo
Así como la nueva ley de concesiones deportivas está ordenando la propiedad de los
clubes, este caso abre una pregunta mayor:
¿Están las instituciones deportivas preparadas para cumplir con los estándares de
transparencia que ahora exige el Estado?
Porque si una corporación que manejó miles de millones en presupuesto presenta:
rendiciones rechazadas,
decisiones administrativas cuestionadas,
deudas laborales millonarias,
y ausencia en audiencias judiciales,
entonces es legítimo preguntarse cuántas otras entidades podrían estar en situaciones
similares.
El riesgo de estructuras paralelas y la necesidad de vigilancia
En el fútbol profesional ya vimos cómo algunas SADP han intentado operar mediante:
sociedades espejo,
control indirecto,
vehículos de inversión,
y estructuras que simulan cumplimiento.
El deporte federado y las corporaciones públicas no están exentas de ese riesgo.
Por eso, la Superintendencia de Sociedades Deportivas y el Ministerio Público deberán
estar atentos y rigurosos para evitar:
ocultamiento de deuda,
decisiones administrativas sin respaldo,
contratos que encubren relaciones laborales,
y cualquier mecanismo que afecte recursos públicos.
Conclusión: la institucionalidad se está defendiendo
La denuncia del Ministerio del Deporte y las órdenes judiciales contra la Corporación
Santiago 2023 no son hechos aislados. Son parte de un proceso mayor donde:
la transparencia se exige,
la fiscalización se fortalece,
y la institucionalidad deportiva busca recuperar confianza.
La salida de Ducó abrió una etapa. La denuncia de Riveros la define. Y los fallos revelados
por The Clinic la confirman.
El sistema deportivo chileno está entrando en un periodo donde la rendición de cuentas
será la norma, no la excepción.
